Una medida que ha caído del cielo para las miles de personas en esta situación, ya que si acreditan una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y demuestran haber residido en España antes del 31 de diciembre, podrán obtener los papeles que tanto necesitan de una manera mucho más rápida. La medida también beneficiará a los solicitantes de protección internacional que hayan presentado la solicitud antes de esa misma fecha. En ambos casos, eso sí, deberán entregar también un certificado de antecedentes penales.

on todo, advierte Ignacio Fariña, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno vasco, el texto «no es definitivo y está sujeto a enmiendas». Sea como sea, le parece importante que los extranjeros «se empiecen a movilizar cuanto antes, porque los plazos para presentar la solicitud –se prevé que entre abril y junio– son bastantes reducidos». En cualquier caso, la medida va a suponer «un alivio» para las empresas vascas en un momento «en el que se requiere mucha mano de obra». Más aún teniendo en cuenta que el anteproyecto incluye una figura que establece «que en el momento en el que la solicitud se admite a trámite, pueden empezar a trabajar de manera legal sin tener que esperar a la resolución».

Aunque la última encuesta de población extranjera del Gobierno vasco –correspondiente a 2023– apuntaba a esas más de 20.000 personas en situación irregular en Euskadi como dato oficial, su número bien podría haber crecido ya que entonces se contabilizaban 277.564 extranjeros viviendo en el territorio, y en estos momentos –con datos de este octubre–, la cifra asciende ya a 333.009.

Desde la perspectiva de Rafael Alonso, del despacho Bilbao Extranjería, la medida hará los trámites «mucho más fáciles, ya que hasta ahora les obligaban a estar al menos dos años básicamente sobreviviendo como sea, al margen de las ayudas sociales que pudieran percibir».

El perfil predominante

Atendiendo al perfil, señala que la mayoría de personas que llegan lo hacen de países como «Colombia, Honduras, Nicaragua», aunque también de «Marruecos o Pakistán». Sobre todo, destaca, «hay colombianos que vienen con su familia o sus hijos pequeños» a los que la medida también les beneficia, «ya que si uno de los miembros de familia tiene documentación, se regulariza al resto de la familia, cumplan o no los requisitos que exigirían en condiciones normales».

Cabe destacar que desde julio el Gobierno vasco tiene la competencia parcial para tramitar los permisos. En este semestre han gestionado 11.171 expedientes, la mayoría de arraigo sociolaboral, siendo un tercio de estos concedidos a empleadas del hogar. Por nacionalidades, el 22,3% corresponde a personas nacidas en Colombia, otro 21,9% de Marruecos y otro 10,7% de Nicaragua.