Una medida que ha caído del cielo para las miles de personas en esta situación, ya que si acreditan una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y demuestran haber residido en España antes del 31 de diciembre, podrán obtener los papeles que tanto necesitan de una manera mucho más rápida. La medida también beneficiará a los solicitantes de protección internacional que hayan presentado la solicitud antes de esa misma fecha. En ambos casos, eso sí, deberán entregar también un certificado de antecedentes penales.

on todo, advierte Ignacio Fariña, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno vasco, el texto «no es definitivo y está sujeto a enmiendas». Sea como sea, le parece importante que los extranjeros «se empiecen a movilizar cuanto antes, porque los plazos para presentar la solicitud –se prevé que entre abril y junio– son bastantes reducidos». En cualquier caso, la medida va a suponer «un alivio» para las empresas vascas en un momento «en el que se requiere mucha mano de obra». Más aún teniendo en cuenta que el anteproyecto incluye una figura que establece «que en el momento en el que la solicitud se admite a trámite, pueden empezar a trabajar de manera legal sin tener que esperar a la resolución».

Aunque la última encuesta de población extranjera del Gobierno vasco –correspondiente a 2023– apuntaba a esas más de 20.000 personas en situación irregular en Euskadi como dato oficial, su número bien podría haber crecido ya que entonces se contabilizaban 277.564 extranjeros viviendo en el territorio, y en estos momentos –con datos de este octubre–, la cifra asciende ya a 333.009.

Desde la perspectiva de Rafael Alonso, del despacho Bilbao Extranjería, la medida hará los trámites «mucho más fáciles, ya que hasta ahora les obligaban a estar al menos dos años básicamente sobreviviendo como sea, al margen de las ayudas sociales que pudieran percibir».

 

El perfil predominante

 

Atendiendo al perfil, señala que la mayoría de personas que llegan lo hacen de países como «Colombia, Honduras, Nicaragua», aunque también de «Marruecos o Pakistán». Sobre todo, destaca, «hay colombianos que vienen con su familia o sus hijos pequeños» a los que la medida también les beneficia, «ya que si uno de los miembros de familia tiene documentación, se regulariza al resto de la familia, cumplan o no los requisitos que exigirían en condiciones normales».

Cabe destacar que desde julio el Gobierno vasco tiene la competencia parcial para tramitar los permisos. En este semestre han gestionado 11.171 expedientes, la mayoría de arraigo sociolaboral, siendo un tercio de estos concedidos a empleadas del hogar. Por nacionalidades, el 22,3% corresponde a personas nacidas en Colombia, otro 21,9% de Marruecos y otro 10,7% de Nicaragua.

«Vine para buscar una vida, para aprender y trabajar». Las palabras de Mustafa, marroquí de 31 años, identifican a muchos de los inmigrantes que llegan a Euskadi en busca de nuevas oportunidades. En su caso llegó en 2020 tras dejar a su familia atrás, entre ellos dos hermanos pequeños. Al llegar, cuenta, tras poder dormir unos días en el albergue, «me vi obligado a dormir en la calle», una dura situación que se alargó durante un año y medio.

Luego pudo alquilar un piso compartido con seis personas más y tras lograr el graduado en la ESO, se puso a cursar un grado medio de soldadura en el Centro Formativo Otxarkoaga. Fue allí cuando Otxarki, una fundación de inserción laboral y social en la que acompañan, mayoritariamente, a personas con dificultades para encontrar empleo, entró en su vida. Allí estuvo un año de prácticas y en el segundo, Otxarki le quiso ofrecer un contrato.

«Nos vimos imposibilitados para hacerlo porque básicamente no tenía el permiso», cuenta Sergio Bravo, gerente de la empresa y de la fundación. «Con tal de no estar parado», ahora está en el proyecto W, una iniciativa del Gobierno vasco, Erroak Sartu y Lanbide para favorecer la inserción sociolaboral de personas inmigrantes perceptoras de RGI en situación pre-laboral, con la intención final de regularizar su situación administrativa mediante el procedimiento de arraigo social.

Mustafa, al llevar desde 2020 en Euskadi, cuenta con la documentación, pero una vez que los papeles están en manos de Extranjería, «todo se atasca y se forman cuellos de botella», dice Bravo. Llevan desde septiembre intentando regularizar su situación, habiendo cumpliendo todas las condiciones necesarias. Ahora esperan que la nueva regularización pueda agilizar su situación cuanto antes para empezar a trabajar, «también para poder enviar dinero a la familia, que en estos momentos es una obligación».

La de Carlos Serna es una de esas historias que dan para una serie de televisión. Hace una semana cumplió dos años en Euskadi, aunque en un principio, admite, «no tenía pensado venir». Llegó más bien por necesidad. En su vida anterior, era el presidente de una asociación de colegios en Medellín pero todo se truncó cuando una banda criminal «se hizo con el poder del colegio gracias a un rector». Lo convirtieron en un «negocio personal y lucrativo», en el que estaban involucrados «tanto profesores como políticos». En este escenario, el dinero dejó de entrar, las cuotas de los alumnos se encarecieron y le ofrecieron unirse a la trama corrupta, «ya que yo manejaba el dinero que nos daba el Gobierno».

Ahí empezaron los problemas. «Me negué rotundamente, me amenazaron e incluso agredieron a una de mis hijas», por lo que decidió escapar del país. Una antigua compañera suya le recomendó venir y lo acogió durante dos meses. Estando aquí le concedieron protección internacional, una vía que le ha permitido contar con un permiso de trabajo y de residencia. En toda su estancia aquí, destaca, ha contado con el apoyo de Asocolvas (Asociación de Colombianos y Colombianas en Euskadi), donde le han ayudado «con todo».

En junio de 2025, empezó a trabajar en una empresa de mantenimiento de hornos refractarios, donde ha estado hasta este diciembre, cuando le denegaron el asilo. «Se me vino el mundo abajo, porque es como si tuviera que empezar de cero», cuenta. «Pero yo tenía una corazonada de que algo iba a cambiar». Y de repente, el lunes le llegó la noticia de la regularización. «Créeme, soy una de las personas más felices ahora mismo, salté de la alegría». Su plan ahora es sacarse el carnet para conducir camiones en España, ya que desde que llegó no ha podido homologar el que obtuvo en Colombia. Lo que quiere ahora es convertirse en transportista «y poder cotizar y aportar al país que me recibió».

Ana Gamarra dejó atrás su país natal, Paraguay, cuando apenas había cumplido la mayoría de edad. Llegó a Bilbao en octubre de 2022, «con la tristeza de por medio» por separarse de su familia, aunque «con la esperanza de poder ayudarles económicamente en el futuro». Nada más llegar se puso a trabajar en un bar, «lógicamente, en negro», puntualiza, y se quedó alojada durante un año y dos meses en la casa de unas familiares lejanas que ya residían aquí.

Fue entonces cuando empezaron las complicaciones. «Mi madre tuvo un problema con mis familiares y tuve que irme de la casa, porque les llegó rumores de que me gustaba mucho la vida nocturna». Pese a ello, siguió trabajando en el bar y empezó a vivir de alquiler, «donde apenas me alcanzaba para el día a día». En todo este periodo, cuenta, ha tenido varios problemas por no contar con un contrato en regla: «Hacía horas extra y no me las pagaban, iba estando muy enferma, con heridas en el cuerpo, pero no tenía otra opción». Tras estar seis meses de alquiler, el bar cerró, por lo que su situación económica empezó a empeorar drásticamente, aunque tuvo la suerte de tener una amiga que la acogió durante otros dos meses.

Más tarde conoció a su pareja actual, con quien lleva viviendo un año y dos meses. «Si no lo tuviera a él en estos momentos no tendría donde dormir ni vivir», relata. Su suegra fue la que le ayudó a encontrar un trabajo, de nuevo en negro, limpiando casas, un sector que no es inusual para muchas de las personas inmigrantes en el territorio. La familia de su pareja, dice, «me está ayudando con los trámites administrativos».

Ahora espera que la regularización abra nuevas puertas. «Quiero estudiar y trabajar. En Paraguay me saqué un bachillerato en contabilidad y me gustaría estudiar algo relacionado con la economía», explica. A fin de cuentas, «aquí no nos vamos a volver millonarios, pero podemos tener una mejor calidad de vida».

Una auténtica odisea. Es lo que han vivido en sus carnes muchos de los migrantes que recalan en Euskadi con el único objetivo de encontrar trabajo y poder enviar dinero a sus familias. Una condición que les une a Francis, Vanessa, Felix, Abdalla (procedentes de Ghana), Sanda, Samba, Ibrahima (Senegal), Ediviano (Guinea-Bissau) y Daljeet (India), todos ellos llegados a Bilbao en los últimos dos años.

La mayoría de estas personas llegaron solas, en patera, para buscarse un futuro y poder enviar dinero a sus familias necesitadas. Todos coinciden en una cosa: «La vida sin papeles aquí es muy dura». Sanda dejó atrás a una hija que ahora tiene tres años, y el hecho de «no poder enviar dinero por no tener trabajo es muy duro». Ediviano relata a la perfección lo que viven: «No te imaginas lo que es tener que emigrar a otro país y saber que tienes que esperar al menos dos años para trabajar, teniendo a una familia que no sabe cómo vives. Ellos creen que estar en Europa es lo mejor que hay, pero a veces no es así y tienes que sacar dinero como sea».

Aunque cada uno cuenta con una trayectoria diferente, han terminado coincidiendo en Amiarte, un taller de creación de artes visuales donde se pintan murales o cuadros y en el que además ayudan a jóvenes que viven en una realidad muy dura marcada por la falta de regularización. Allí les brindan formación en arte y pintura para que puedan tener una carrera laboral como pintores y muralistas, aunque también les dan apoyo con los trámites o les ayudan a aprender castellano. Explican que muchos vienen de su país sin estudios y que se los sacan aquí, como es el caso de Francis y Vanessa, que se acaban de graduar de la ESO.

El sentimiento de alegría por la regularización es unánime, aunque muestran preocupación por el certificado de antecedentes penales, requisito para lograr los papeles, ya que en algunos países de los que vienen «pueden tardar incluso hasta cinco meses en mandarlo y a veces te piden dinero».